De igual forma, critican al Director General de Medio Ambiente, Federico Ramos, de intentar engañar a la ciudadanía, negando los compromisos adoptados y proponiendo medidas que no se ajustan a la legalidad vigente. Ante las apariciones públicas en varios medios de comunicación por parte de miembros de la Consejería de Medio Ambiente y del Gobierno Regional, los colectivos ecologistas del Parque del Sureste consideran un engaño que se esté diciendo que la Administración Regional está realizando las medidas apropiadas para evitar la muerte de cientos de aves. La Consejería de Medio Ambiente ha obviado los compromisos adoptados en 2009 tras la compra de la laguna del aceite en ese año. Según declaraciones de Federico Ramos aparecidas el 31 de marzo de 2009 en varios medios de comunicación, el proceso de descontaminación y recuperación ambiental de la zona podía estar resuelto “en uno o dos años”. De igual manera se anunció el proyecto de recuperación en la Junta Rectora del Parque Regional, órgano hoy día desaparecido tras su eliminación por el Gobierno de Esperanza Aguirre en diciembre de 2010.
Igualmente, la Consejera de Medio Ambiente María Isabel Mariño prometió en el mismo año, en el desarrollo del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, la formación de una mesa de trabajo formada con expertos, ecologistas y administraciones públicas para poner solución a la situación de la laguna. Nada de todo esto se llegó a realizar Por desgracia la realidad es muy distinta a los propósitos confesados en su momento por los responsables de la Consejería de Medio Ambiente.
La Administración regional no ha hecho nada más allá de atribuir al lugar el coloquial calificativo de “laguna Chernobil” y lamentablemente ésta continúa tragándose cormoranes, garzas, ánades e, incluso, rapaces nocturnas. Muchas de estas aves, estimuladas desde el aire por el reflejo de la supuesta lámina de agua, terminan sus días incapaces de escapar una vez inutilizado su plumaje por la acción del chapapote. La enorme toxicidad de estos compuestos ocasiona en poco tiempo graves daños a sus mucosas y epitelios.
Pero la situación se torna más grave cuando, dando una solución precipitada por el interés de los medios de comunicación, Federico Ramos se saca del bolsillo la creación en la zona de la laguna de una planta de tratamiento de residuos con un coste estimado de 20 millones de euros. Soluciones más sencillas y baratas, como el bombeo de los aceites a camiones que trasladen los residuos a plantas de tratamiento de residuos tóxicos, supondrían además la solución del problema de la mortandad de aves en pocos meses.
Pero resulta del todo descabellada porque la existencia de plantas de residuos en la zona donde se halla la laguna, no está contemplada en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque . Así el artículo 3.8 a), sólo admite estos usos en los términos municipales de Madrid y Pinto, y no en Arganda como es el caso. Federico Ramos debería conocer un poco mejor las normas que han sido aprobadas (sin participación pública) durante su cargo. Ante esta vergonzosa actitud y dejación de funciones de la Administración Regional, los colectivos firmantes demandan:
- La retirada inmediata de los residuos de hidrocarburos y lodos ácidos de la “laguna del aceite” en un plazo no superior a seis meses, así como la restauración ambiental de toda la finca.
- La convocatoria urgente del Consejo de Medio Ambiente en el que la Consejera explique las razones por las que no se han llevado a cabo los compromisos adoptados y que han llevado a la muerte de miles de aves.
- La formación de la mesa de trabajo para la laguna, dentro del Consejo de Medio Ambiente, en el que se presenten todos los trabajos realizados por la Consejería, así como los resultados de análisis y estudios realizados hasta la fecha. Además en esta mesa se debe realizar el seguimiento de la limpieza y restauración de la fina
- El cese inmediato del Director General de Medio Ambiente por su incompetencia para la solución del problema de la laguna del aceite, como máximo responsable de la muerte anual de cientos de aves en un espacio protegido y por proponer falsas medidas que son contrarias a la normativa del Parque Regional del Sureste. - La aplicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental (Ley 26/2007, de 23 de octubre), para determinar las posibles responsabilidades de la Comunidad de Madrid y de los anteriores propietarios de la finca (Ulibarri-Piqsa).
Comarca del Parque del Sureste, a 4 de abril de 2011
Firman este comunicado: ARBA, Asociación Alytes, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecolo, El Espartal-Ecologistas en Acción, Ecologistas en Acción, Globalízate, GRAMA y Jarama Vivo
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