domingo, 10 de julio de 2011

El motor del ladrillo no da tregua a la Cañada Real

Artículo de Ricardo Vallano extraído de KaosenlaRed.

No es un problema nuevo pero sí de difícil solución. Vecinos y Administraciones Públicas no consiguen dirimir el dilema de reubicar a los  más de 30.000 habitantes de la Cañada Real, muchos de ellos sin ningún documento que certifique la propiedad de sus viviendas, y la gran mayoría en paro o con trabajos precarios. Mientras unos quieren mantener sus hogares, otros buscan derribar lo que consideran una zona marginal, aunque los fines del suelo no estén del todo claros.

Los Ayuntamientos no reconocen el derecho de las familias e instan al desalojo para crear un Anillo Verde que una los distritos.  Los vecinos del poblado chabolista más grande de Europa llevan tiempo denunciando  una campaña de acoso por parte de las administraciones para desalojarles y ubicar en los terrenos nuevas urbanizaciones.

En junio, movimientos como  el 15-M o Democracia Real Ya frenaron algunos derribos, como la casa del vecino Abdul Ghailan, con dos hijos, acusado de “desobediencia civil” por reedificar su casa, derribada por orden judicial dos años antes.

DESARROLLO URBANÍSTICO
 LOS PAU DE VALDECARROS O LOS BERROCALES, Y LOS TRAMOS DE EL CAÑAVERAL/LOS CERROS EMPUJAN AL DESALOJO.

RIVAS ANUNCIA DERRIBOS
 RIVAS-VACIAMADRID MANIFESTÓ SU VOLUNTAD DE DERRIBAR LAS VIVIENDAS PARA CREAR EN LA CAÑADA UNA ZONA VERDE.

COSLADA NO CONTESTA
 COSLADA NO RESPONDE A LOS MEDIOS HASTA LA REORGANIZACIÓN DE CARGOS TRAS LAS ELECCIONES.

EL PLAN DEL ALCALDE DE MADRID
 RUIZ-GALLARDÓN LEGALIZARÁ LAS VIVIENDAS QUE CUMPLAN UNAS CONDICIONES. EL RESTO SE DERRIBARÁ PARA UNA ZONA VERDE.

MARCANDO TERRITORIO

Desde 2007 los derribos de viviendas se han recrudecido con la excusa de la fama negativa del poblado, identificado como el “Hipermercado de la droga”,  a pesar de que este negocio ocupa apenas un kilómetro y medio de los 14,2 que recorre la vía pecuaria. La Comunidad de Madrid, que tiene las competencias de los terrenos, aprobó la Ley 2/2011 del 15 de marzo, instando a los municipios que atraviesa la vía: Coslada, Rivas y Madrid capital (con sus distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas) a buscar una salida.

La Comunidad cede los terrenos, y por tanto el problema, a los Ayuntamientos afectados por un plazo de dos años para llegar a un acuerdo, y elaborarán en seis meses un censo real de la Cañada.  La aprobación de la Ley supone la desafectación de la vía pecuaria, por lo que deja de ser dominio protegido. Al terminar el plazo de dos años, la Comunidad podría ceder los terrenos a terceros.

Las asociaciones de vecinos  denuncian no haber recibido cita de los consistorios para dialogar: “No entendemos que no nos hayan reunido para buscar una solución y mientras continúen derribando hogares”, se queja uno de los vecinos. Agustín Rodríguez, responsable de la parroquia Santo Domingo de la Calzada, ha denunciado “la falta de un diálogo social con la gente de la Cañada” y “la incertidumbre ante el futuro de estas familias”.

Desde la asociación Al-Shorok, con vecinos amenazados por los desalojos, aseguran que se sienten intimidados.  Temen que sus hogares sean derribados y no lleguen a ser incluidos en el censo,lo que imposibilitaría el posterior realojo en otra zona. Una voz autorizada en el poblado, contó a este periódico que desde que denunciaron en el 15M su situación de indefensión, algunos empezaron a recibir órdenes de desalojo. “Aprovecharán los dos años para derribar todas las viviendas posibles y así reducir el número de realojados, con un ahorro de coste para el Gobierno madrileño”.

Algunos consiguieron reunirse con la delegada de Urbanismo y Vivienda, Pilar Martínez,  quien les advirtió de que los derribos se recrudecerían en verano, siempre según fuentes de asociaciones. “Tuvimos así la convicción de que no hay plan social para nosotros”, asegura la asociación Al-Shorok, que expresa sus sospechas de que el censo no va a frenar los derribos sino que tiene un fin especulativo.

Desde la Administración se asegura el realojo de familias con riesgo de exclusión social, pero para ello muchos vecinos deberían dejar de trabajar.  “O voy al paro para conseguir la ayuda, o trabajo y derriban mi casa”, comenta con sorna un vecino. Así, los vecinos siguen sin fecha para dialogar sobre una posible reubicación por parte del Ayuntamiento de Madrid.


DOS DESALOJOS ILEGALES
MARIO SEPÚLVEDA
La acción coordinada de vecinos, trabajadoras sociales y activistas del 15M ha impedido ya que se produjeran tres desalojos. Otras tres viviendas no han podido ser salvadas de las excavadoras. De los tres derribos efectuados entre el martes 21 y miércoles 22 de junio, dos fueron realizados de forma ilegal, ya que la vivienda demolida en la zona 112 estaba bajo una medida cautelar de suspensión de derribo y la de la zona 38 fue afectada intencionadamente en el transcurso del derribo de la construcción colindante. En este último caso, en ambas viviendas demolidas residían miembros de una misma familia.